Cuando se habla de subir impuestos al empleo se encienden todas las alarmas en las empresas, que llevan años clamando por una rebaja que nunca llega por la hipoteca para la economía española que supone un gasto en pensiones que no da tregua. Las alertas suenan con más fuerza si de lo que se habla es de subir las cotizaciones sociales en un momento en el que la recuperación económica es incierta, muchos negocios han tenido que cerrar, 200.000 trabajadores siguen en ERTE y 100.000 autónomos en cese de actividad. Es por ello que el incremento de medio punto en las cuotas propuesta por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para afrontar el pago de las  pensiones del ‘baby boom’ ha caído como una bomba entre los generadores de empleo en España.

Si lo que se debatía es recortar pensiones futuras o aumentar los impuestos, gana por goleada el recurso más utilizado por el Gobierno, la vía fiscal. La oferta del ministro, trasladada al diálogo social, supone a la creación de empleo en un país como España, en el que el nivel de las cotizaciones empresariales ya lidera los rankings europeos y de los países de la OCDE, tanto si se analiza su peso respecto al PIB, como si lo que se analizan son los tipos de cotización.

En proporción con el PIB, solo cuatro países superan el 9,02% que suponen en España las cotizaciones a la Seguridad Social. Son , según reflejan los datos de la Comisión Europea. Por debajo de la media de la Eurozona, que se sitúa en el 7,83%, estarían Alemania, con un 6,89% o nuestro vecino, Portugal, con 5,8%, según reflejan las estadísticas europeas.

Y si lo que se analizan son los tipos de cotización, que es el porcentaje que se aplica a las bases para la obtención de las cuotas de la Seguridad Social,  Solo Francia (35,9%), República Checa (33,8%), Italia (31,6%) y Suecia (31,4%) superan el 29,9% de España. De nuevo, Alemania, con un tipo del 19,9% queda muy alejado de nuestro país, aunque por encima del 17,2% que arroja la media del club de los países ricos. La media de los tipos en la OCDE está en el 17,2%.

Actualmente,-el 23,6% lo abona el empresario y el 4,7%, el empleado-; es lo que se denomina cotización por contingencias comunes. Y lo que se recauda con dicha cotización conforma la principal fuente de financiación del sistema de pensiones. Además de la cotización por las contingencias comunes las empresas deben pagar lo que situaría la aportación total en el citado 29,9%.

Consecuencias

Con este telón de fondo, la subida de impuestos planteada por el ministro ha encendido los ánimos entre los empresarios, que llevan años denunciando como estos costes laborales están afectando a su competitividad y lastrando la creación de puestos de trabajo. Y lo cierto es que el efecto que tiene una subida de las cotizaciones a la Seguridad Social en el empleo está medido por los economistas. Según el Instituto de Estudios Económicos, «elevar un 0,5% los costes laborales en España, tanto salariales como no salariales, hace que descienda un 0,2% el número de empleos». Un impacto que tradicionalmente es más alto en los puestos de menor cualificación, que se corresponden también con los peores pagados. Esto supone que en un momento de intensa recuperación la creación de empleo puede aminorarse, y que en situación de estancamiento puede llegar a cambiarse el signo de esa generación de empleo.

Con los ‘baby boomers’ prácticamente llamando a las puertas de la Seguridad Social -comienzan a jubilarse en 2023- y una primera parte de la reforma centrada en el gasto, Escriva ha puesto encima de la mesa el diseño del mecanismo de equidad intergeneracional que pasa por que los empresarios y los trabajadores paguen más. Tal y como avanzó ABC, su idea es incrementar un 0,5% esas contribuciones durante una década, para así nutrir la hucha en pensiones. Sería según su propuesta un aumento transitorio hasta 2032. A partir de ahí, se revisaría cada tres años cuánto gasta España en pensiones en función de su PIB, se analizaría si ese gasto crece por encima de las previsiones y, si es así, se tomarían medidas. En primer lugar se recurriría a los ahorros de esa hucha que se quiere llenar con la subida de impuestos durante diez años. Una segunda medida sería «minorar el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB». Y, por último, se acometería un alza permanente de las cotizaciones.

La sostenibilidad de las pensiones es un reto mayúsculo para la economía española. El sistema está condicionando las cuentas públicas y supone un quebradero de cabeza para todos los gobiernos y un factor de intranquilidad para los trabajadores que en un futuro cobrarán una prestación pública. Su rediseño ha sido impuesto por Bruselas a España como condición para recibir los fondos europeos y con ese mandato bajo el brazo el ministro Escrivá ha pactado con empresarios y sindicatos una reforma ‘light’ que más que contener el gasto de forma inminente, lo aumenta.

Reforma y más gasto

La medida estrella de esta primera parte de la reforma, pensada para que entre en vigor en 2022, es ligar por ley las pensiones a la evolución de los precios, lo que supondrá una factura de cuantía elevada e incierta para los próximos años. También se diseñan otras medidas como premiar con hasta 12.000 euros anuales el mantenimiento en el empleo del trabajador más allá de la edad de jubilación, lo que permite más ingresos para el sistema, y se castigan las prejubilaciones, aunque el castigo al retiro anticipado se pospone a 2024.

Una vez tenga diseñado su nuevo factor de ajuste, el ministro Escrivá abordará una segunda fase de la reforma de pensiones, de la que se esperan más ingresos, que volverán a atacar el bolsillo. Una de las medidas que baraja es subir impuestos a los sueldos de más de 49.000 euros.

Fuente: ABC